La dimensión del riesgo químico

Estimaciones muy prudentes señalan que cada año, en España, más de 4.000 trabajadores y trabajadoras mueren por enfermedades derivadas de la exposición a sustancias químicas. Más de 33.000 enferman por exposición a productos químicos y alrededor de 18.000 accidentes de trabajo se producen por exposición a químicos. Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, casi el 50% de los trabajadores de la construcción y más del 42% en la industria están expuestos a sustancias tóxicas. Éstos son algunos de los datos que permiten dimensionar la importancia del riesgo químico desde el punto de vista sanitario, social y laboral.

También desde el punto de vista medioambiental, los datos de contaminación por sustancias tóxicas son alarmantes. La agregación de los datos de las distintas comunidades autónomas plantea que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas respiramos aire que contiene contaminantes por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Un informe reciente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señala que más de 16.000 personas mueren prematuramente en España a causa de la contaminación del aire.

Toni Musu, de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUI), aportó algunos datos para el contexto europeo: alrededor del 16% de los trabajadores europeos ha declarado que manipula productos peligrosos y un 22% señala que inhala vapores tóxicos. ETUI ha calculado que un 30% de las enfermedades profesionales que se reconocen cada año en Europa están estrechamente relacionadas con la exposición a sustancias químicas y que cada año, en Europa, se producen 74.000 muertes derivadas de la exposición a estas sustancias químicas en el trabajo.

El proceso de prerregistro de sustancias químicas que se ha iniciado con el Reglamento REACH plantea que más de 146.000 sustancias químicas se comercializan en Europa sin conocer los riesgos que entrañan para la población, para los trabajadores y para el medio ambiente. En España, según estos datos, habría unas 90.000 sustancias. Esta cifra es cinco veces superior a la que se estimaba antes de que finalizara el proceso de prerregistro de REACH.

De las 146.000 sustancias que circulan en Europa, sólo 141 han sido evaluadas de forma completa y menos de 800 cuentan con un valor límite ambiental que permita controlar los niveles de exposición en las empresas. No hay registros públicos de exposición laboral o ambiental a dichas sustancias, los únicos datos son los de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, donde son los propios trabajadores quienes estiman la exposición, pero sabemos que la falta de información de los trabajadores es generalizada.

Frente a esto, la literatura científica es cada vez mayor, y distintos estudios, como los realizados por el doctor Miquel Porta y su equipo, señalan que la población española está sometida a niveles preocupantes de contaminación química. No es de extrañar, pues, que las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas (cáncer, problemas reproductivos, alteraciones hormonales, enfermedades inmunológicas, etc.) se hayan disparado en los últimos años tanto en España como en el mundo.

Como señaló Dolores Romano (ISTAS), la envergadura del riesgo químico y sus consecuencias para la salud de las personas contrasta con la incapacidad actual de las Administraciones públicas para hacer frente a este riesgo: “Su mayor debilidad consiste –señaló Dolores Romano– en su incapacidad para desarrollar una política integral frente al riesgo químico. Nueve ministerios tienen competencias específicas en relación al riesgo químico. Existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios en las 17 autonomías. Esto da lugar a la dispersión de competencias, a la ausencia de criterios comunes y a graves deficiencias de coordinación. Las Administraciones carecen de los recursos necesarios, sobre todo de personal funcionario capacitado, para hacer frente a la creciente demanda de trabajo. Otra de sus responsabilidades es el reconocimiento de los daños y ya nadie niega la envergadura del subregistro de enfermedades profesionales. Las comparaciones internacionales hablan por sí solas. Desde el 2000, cada año, la Administración francesa viene reconociendo que cerca de 2.000 personas padecen un cáncer de origen laboral. Esta cifra contrasta con los 60 casos reconocidos por la Administración española en 2009.

Para la gran mayoría de participantes en el VI Foro ISTAS un aspecto clave es negarse a adoptar enfoques individualistas. Como señaló Miquel Porta, “es fundamental que organizaciones como ISTAS y CCOO se opongan con rotundidad a las estrategias de privatización, medicalización o biomodificación de los riesgos químicos, para exigir políticas –si se me permite el pleonasmo– auténticamente poblacionales, porque aunque parezca un contrasentido existen muchas políticas individuales que intentan responsabilizar a las víctimas. Por tanto, más políticas causales, más investigación y acción sobre las causas del riesgo químico y no tantas políticas de consecuencias”.

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